Control Integrado y Uso Racional:
Del conocimiento agronómico al catálogo de productos
La Gestión Integrada de Plagas y Enfermedades como punto de partida
Introducción a la problemática
La Gestión Integrada de Plagas y Enfermedades (GIP, o por sus siglas en inglés IPM —Integrated Pest Management—), tal como la define el Real Decreto 1311/2012, nació para impulsar un uso sostenible de los productos fitosanitarios. Su objetivo es reducir la dependencia de los tratamientos químicos, priorizando la prevención, la observación y la toma de decisiones técnicas fundamentadas.
En esencia, la GIP representa el equilibrio entre la eficacia agronómica y la sostenibilidad, combinando el uso de múltiples herramientas: insumos (fertilizantes, bioestimulantes y fitosanitarios), buenas prácticas agrícolas (riego, abonado), el uso de polinizadores, sensores y diferentes métodos de control, tanto químicos como biológicos. Todas estas herramientas deben aplicarse de forma racional y basada en conocimiento agronómico y científico.
Sin embargo, en los últimos años algunos actores del mercado han utilizado este marco técnico como argumento comercial, desvinculando la práctica del principio que le da sentido. Se trata de productos y empresas que, bajo el pretexto y amparo de los términos “integrado” o “biotecnológico”, se presentan como innovadores, pero carecen de validación científica o de resultados reproducibles. Estos productos suelen ir acompañados de un discurso caracterizado por el uso de terminología científica vacía de contenido y poco rigurosa.
En otras palabras: no es el modelo GIP-IPM lo que ha fallado, sino la interpretación comercial que algunas empresas hacen de él para vender sus productos.
Cuando la “integración” se convierte en excusa
Productos sin validación técnica ni científica
El crecimiento de la agricultura biotecnológica y la demanda de soluciones sostenibles han generado una auténtica explosión de productos en el mercado: bioestimulantes, biofertilizantes, extractos naturales, inductores, complejos “biotecnológicos” o consorcios de microorganismos. Algunos se promocionan como parte de estrategias “integradas” de control, pero sin realizar el debido proceso de validación mediante ensayos técnicos que respalden su eficacia real.
Un ejemplo claro lo encontramos en algunos productos registrados como bioestimulantes que utilizan terminología propia de los productos fitosanitarios: “control de enfermedades”, “mejora de la salud de la planta”, “eficaz frente a…”. Sin embargo, estos productos no han pasado por un proceso de registro fitosanitario, el cual exigiría demostrar su eficacia, dosis recomendada y seguridad en condiciones reales de aplicación.
Por tanto, podemos afirmar sin género de duda que el “claim” o mensaje comercial utilizado en muchos de estos casos es, como mínimo, engañoso. No se puede asegurar que el producto sea eficaz o efectivo, ni que las dosis recomendadas sean las correctas. Tampoco se conoce si presenta fitotoxicidad, o si puede resultar perjudicial para la fauna auxiliar, el entorno, la salud del aplicador o del consumidor final. Factores que, aunque puedan parecer secundarios, resultan críticos para una práctica agronómica correcta y sostenible.
En lugar de reforzar la filosofía de la GIP, esta tendencia la ha distorsionado. Se han incorporado al discurso conceptos técnicos y terminología científica que buscan dar credibilidad, pero que no se sostienen en evidencia experimental.
Así, el término “integrado” se ha convertido en un paraguas bajo el cual caben tanto buenas prácticas basadas en ciencia como malas prácticas sustentadas en marketing.
Esta confusión tiene consecuencias directas: el agricultor ya no distingue entre lo que está científicamente validado y lo que simplemente “suena bien”.
El resultado es una pérdida de confianza, una sobrecarga de tratamientos y un incremento de costes sin retorno.
La pseudociencia comercial: el ruido del mercado
Como comunican las marcas para vender
Una parte significativa de los nuevos productos que llegan al sector agrícola se expresa en un lenguaje pseudocientífico, lleno de tecnicismos que prometen resultados extraordinarios: “activadores enzimáticos”, “potenciadores del microbioma”, “complejos bioinductores”, “simbiosis controlada”, entre otros.
Sin embargo, detrás de estos términos, a menudo el contenido de la etiqueta carece de base científica sólida: se apoya en estudios no reproducibles, en mecanismos de acción genéricos o, directamente, no existen ensayos con datos estadísticos que respalden el contenido de la etiqueta ni las recomendaciones técnicas de uso.
El problema no es el uso del lenguaje técnico, sino la ausencia de rigor que debería sustentarlo. Cuando la comunicación científica se usa solo como envoltorio comercial, se erosiona la credibilidad de toda la innovación biotecnológica.
Esta pseudociencia genera tres efectos negativos:
Desinformación técnica
El agricultor pierde criterio frente a una oferta confusa.
Degradación del valor
Se igualan en el discurso productos con y sin evidencia.
Costes injustificados
Se incrementan los gastos de manejo sin mejora agronómica real.
El resultado es que el agricultor acaba desconfiando de toda la gama de productos: tanto de aquellos que han demostrado eficacia y cumplen con los procesos de registro, como de los que no han demostrado efectividad y se comercializan bajo categorías no autorizadas.
El uso racional, por el contrario, se construye sobre la transparencia: demostrar y explicar qué hace un producto, para qué uso concreto, cómo actúa y en qué condiciones ha demostrado su eficacia. Un producto autorizado va siempre acompañado de un mensaje claro, técnico y honesto.
Dos pilares del uso racional y responsable:
- Validar la eficacia de la dosis recomendada, siempre la más baja posible con la máxima eficacia, en condiciones reales de campo donde se aplicará.
- Validar la inocuidad del producto, asegurando que no es dañino para el medio ambiente ni para las personas.
📚 Para más información, te recomendamos leer los artículos publicados en primavera sobre el proceso de registro fitosanitario:
- Parte I: El registro fitosanitario: Evaluación de la Eficiencia y Eficacia de un PPP.
- Parte II: La importancia de utilizar PPP autorizados.
Recuperar los objetivos de la GIP/IPM
Un marco teórico con principios fundamentales
La Gestión Integrada de Plagas y Enfermedades (GIP/IPM) no es un modelo cerrado, sino un marco técnico de decisión. Su objetivo nunca fue llenar el campo de tratamientos de dudosa eficacia, sino optimizar las intervenciones para lograr un equilibrio entre productividad, sostenibilidad y seguridad.
El reto actual no es sustituir la GIP, sino recuperar su esencia original, actualizándola con herramientas científicamente validadas y decisiones basadas en datos.
En este sentido, el uso racional de productos agrícolas que proponemos en este post representa la aplicación práctica y evolucionada de la GIP/IPM.
No la contradice: la materializa.
Significa tomar las decisiones correctas, en el momento adecuado, y con el respaldo técnico necesario. Significa diagnosticar antes de aplicar, medir antes de recomendar y justificar cada intervención desde la agronomía, no desde el catálogo.
La agricultura del conocimiento frente a la agricultura de catálogo
El uso racional es, en el fondo, un cambio cultural. Supone pasar de la “agricultura de catálogo” —donde la acción se mide por la cantidad de productos aplicados— a una agricultura del conocimiento, donde cada decisión tiene un propósito técnico y fundamentado.
La agricultura de catálogo se apoya en la cultura “química” del siglo pasado, basada en la lógica del “más es mejor” o el “por si acaso”: aplicar más para prevenir cualquier posible problema. Pero este exceso de intervenciones genera sobrecostes, menor eficiencia y un impacto ambiental que está bien documentado y es completamente innecesario.
La agricultura del conocimiento, en cambio, se fundamenta en la observación, el diagnóstico y el análisis de datos (suelo, clima, planta y microbiota). Se centra en la prevención, pero también en la curación, aplicando los recursos necesarios, en el momento justo y con el criterio correcto.
El agricultor del siglo XXI ya no puede permitirse actuar por costumbre. Debe convertirse en un gestor técnico del sistema ambiente-suelo-planta, capaz de interpretar la información, anticiparse a los problemas y tomar decisiones correctas y sostenibles.
La validación como principio de confianza
La diferencia entre un producto que genera confianza y uno que genera dudas no está en su discurso, sino en su validación técnica.
El objetivo principal de las Buenas Prácticas Experimentales (BPE) es garantizar que los ensayos de eficacia se realicen con alta calidad, de manera que sus resultados sean comparables, reproducibles y fiables. Estas prácticas aseguran que los datos obtenidos puedan ser utilizados por distintas autoridades de registro, ya que regulan cómo se planifican, ejecutan, evalúan, registran e interpretan los ensayos de eficacia.
En el ámbito agrícola, los ensayos GEP o BPE se aplican a los ensayos de campo de eficacia de productos fitosanitarios, incluido el control biológico, asegurando la validez científica y regulatoria de los datos presentados para su registro.
Por su parte, las CRO (Organizaciones de Investigación por Contrato) son empresas especializadas que realizan estos estudios de eficacia y otro estudios por ejemplo de residuos o de seguridad de productos agrícolas (fitosanitarios, bioestimulantes, fertilizantes, etc.) bajo normas reconocidas como BPE/GEP o BPL/GLP (Buenas Prácticas de Laboratorio).
Un producto serio se apoya en:
Mecanismos de acción conocidos, explicables y coherentes con el principio activo del producto.
Ensayos externos realizados por empresas CRO acreditadas para la realización de ensayos GEP, con estudios de campo reproducibles basados en el método científico y bajo condiciones climáticas comparables.
Datos verificables que demuestran la eficacia descrita en condiciones reales de uso.
El uso racional exige este conocimiento de base científica. Aplicar sin evidencia equivale a improvisar, y la improvisación no tiene cabida en una agricultura moderna que busca eficiencia y sostenibilidad.
Por eso, soluciones como el fitosanitario biológico autorizado en Europa T34 Biocontrol® (formulado con la cepa T34 de Trichoderma asperellum), representan un modelo de biotecnología con fundamento. Su eficacia está avalada por numerosos ensayos en distintos cultivos, validados por diferentes autorizaciones para el control de múltiples enfermedades bajo condiciones climáticas diversas. Sus beneficios cuantificados incluyen la prevención y curación de enfermedades foliares y del suelo, una mejora del sistema radicular y un incremento cualitativo y cuantitativo del rendimiento de la cosecha.
Ese es el verdadero valor de la innovación: la que se demuestra, no la que se promete.
Decisiones basadas en evidencia
El eje del uso racional de insumos agrícolas
A lo largo del ciclo del cultivo existen múltiples momentos de decisión: preparación del terreno, trasplante, nutrición, control sanitario, riego y postcosecha.
En cada fase, el agricultor puede optar por dos caminos:
Aplicar por inercia, siguiendo recomendaciones genéricas.
O aplicar con criterio, apoyándose en datos objetivos y análisis técnicos.
El uso racional propone el segundo camino: intervenir solo cuando existe una necesidad demostrada, utilizando productos evaluados y cuantificados, con objetivos agronómicos claros y justificados.
Esa forma de trabajar es la que convierte la GIP/IPM en una práctica eficiente y real, no en un eslogan.
Un pilar fundamental para una agricultura sostenible
El papel de las empresas, la administración y el asesor técnico en la Gestión Integrada de Plagas y Enfermedades
La GIP/IPM es un pilar fundamental para una agricultura sostenible, segura y eficiente. Su éxito depende de la implicación activa y coordinada de todos los agentes del sector: empresas, administraciones y asesores técnicos. Cada uno de ellos debe asumir su papel desde una base común de compromiso con el conocimiento científico, la sostenibilidad y la responsabilidad social.
Empresas
Las empresas son responsables de poner en el mercado productos con eficacia y seguridad demostradas, basadas en evidencia científica obtenida mediante ensayos realizados bajo normas reconocidas de BPE/GEP y BPL/GLP.
Su actuación debe regirse por el rigor técnico y la ética profesional, garantizando que las soluciones ofrecidas contribuyan realmente a una producción agraria más sostenible y segura, evitando prácticas comerciales innecesarias que generen confusión o desconfianza en el sector.
Administración
Las administraciones públicas deben desempeñar un papel esencial en el establecimiento de criterios técnicos y normativos basados en el conocimiento científico. Su función debe orientarse a asegurar la coherencia y la responsabilidad en la regulación de productos agrícolas, aplicando criterios homologados y alineados con las directrices europeas.
Es su deber garantizar que los productos se sometan a los procesos de evaluación y registro correspondientes, evitando duplicidades y solapamientos entre categorías como fitosanitarios, bioestimulantes o productos de nutrición vegetal. Solo así se logrará un marco regulatorio claro, eficaz y transparente.
Asesores técnicos
El asesor técnico constituye el nexo entre la innovación, la ciencia y la práctica agrícola. Su labor debe basarse en el conocimiento técnico y en la seguridad en el asesoramiento, aplicando criterios sólidos de la GIP/IPM y utilizando herramientas y productos de forma racional.
Un asesor formado y actualizado aporta confianza al agricultor y contribuye de forma decisiva a una producción responsable, eficaz y respetuosa con el medio ambiente.
Conclusiones finales:
De la confusión a la coherencia
La GIP/IPM sigue siendo un excelente marco técnico. Lo que debe cambiar es la forma en que la aplicamos y la comunicamos.
El sector necesita pasar de un discurso saturado de promesas a uno basado en resultados comprobados. De la confusión a la coherencia.
El uso racional no sustituye la GIP: la hace posible. Representa su versión más fiel, científica y transparente.
En ese camino, la validación técnica, la evidencia y el conocimiento agronómico serán las herramientas que marquen la diferencia entre la biotecnología real y la simple retórica comercial.
Porque el progreso agrícola no depende de tener más productos, sino de entender mejor lo que el cultivo necesita, utilizando los insumos agrícolas de forma precisa, en el momento adecuado y con el criterio correcto.
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